El pasado jueves 21 de abril la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en respuesta a una demanda interpuesta por Nicaragua y a numerosas contrademandas por parte de Colombia en torno a distintas cuestiones en torno al archipiélago de San Andrés y Providencia.
Una de las recomendaciones emitidas por el tribunal internacional fue la creación de un acuerdo bilateral entre ambos países para darle respuesta a numerosas problemáticas que las comunidades viven en esa zona, en medio de las disputas territoriales entre ambos países.
En torno a esta situación, Caracol Radio se comunicó con la profesora de la UNAL Silvia Mantilla Valbuena, experta en derecho internacional y estudios de Latinoamérica y el Caribe, para entender qué debería contener un eventual acuerdo entre ambas naciones que responda a todas estas problemáticas.
Según Mantilla el probable acuerdo no puede versar de los límites marítimos, sino debe estar enfocado en el reconocimiento de unos derechos de pesca de las comunidades raizales para la actividad económica.
De la misma forma se debe enfocar en crear una administración ambiental compartida en la zona, la cual está declarada desde el año 2000 como una reserva Seaflower. “Es importante que se tomen de nuevo las motivaciones por proteger estas áreas, y así lograr un régimen de pesca compartida”, asegura.
Por último, señala que se debe reconocer la unidad etnohistórica de todas estas comunidades que habitan en la frontera, lo que requiere una política enfocada en las necesidades de la población.
Respecto a la disposición por parte de ambos gobiernos para llegar a este acuerdo, la docente asegura que todo se limita a sesgos ideológicos y políticos. Esto ha impedido que se reconozca al otro como un interlocutor válido para llegar a común acuerdo.
“Todo esto va alimentado de un discurso negacioncita por parte del gobierno colombiano respecto de lo que han sido las sentencias de la CIJ, trayendo como resultado un desconocimiento de la realidad de las comunidades de la zona”, continúa.
Así mismo, le pide a la próxima administración presidencial que tenga responsabilidad constitucional de salvaguardar los derechos de las comunidades raizales. Lo que implica dejar a un lado las disputas ideológicas para dar respuesta a las problemáticas que se viven en la zona.
